La salud de los inmigrantes: un asunto pendiente

Bajo el Affordable Care Act y una orden ejecutiva sobre inmigración, los EEUU anuncian la exclusión de los inmigrantes ilegales de la cobertura de asistencia sanitaria. Al otro lado del Atlántico, la discusión sobre el mantenimiento de un sistema sanitario con cobertura universal es también un tema de interés general. En España, bajo el Real decreto Ley 16/2012, algunas CCAA anunciaban rechazar la cobertura de salud a las personas inmigrantes con situación administrativa irregular. En EEUU algunos Estados intentan solventar esta cuestión creando programas de atención sanitaria paralelos y, en España, algunas CCAA rechazan retirar esta garantía universal.

En un mundo cada vez más globalizado y donde los movimientos de personas entre territorios van al alza, ¿cuáles son las consecuencias de este tipo de medidas políticas?

En los EEUU, de acuerdo con la política EMTALA de 1986, no es lícito negar atención sanitaria a una persona con necesidades de atención urgente. De acuerdo con el Kaiser Health News y el Center for Immigration Studies, esto significa para Medicaid un coste anual entre 2.000 a 4.300 millones en atención urgente destinada a inmigrantes ilegales. Si estos inmigrantes se hubiesen incluido más precozmente en los servicios de atención sanitaria, ¿cuáles serían los resultados?

Los estudios económicos que miden el impacto de la cobertura integral (no solo urgente) de la atención sanitaria para el colectivo de inmigrantes son escasos. Uno de los pocos ejemplos, un estudio hecho en Texas sobre la atención a pacientes indocumentados en estadio final de enfermedad renal, concluye que la diálisis urgente cuesta 3,7 veces más que la diálisis dentro de un programa de tratamiento planificado¹.

Parece claro que los cambios en la estructura demográfica provocan un cambio en el perfil epidemiológico de la población y éste debe ser afrontado. En Barcelona, por ejemplo, para mejorar el control de la tuberculosis en la población inmigrante, que presentaba una tasa de rastreo de 50% (un 88% en la población nativa), se inició una intervención con Agentes Comunitarios de Salud trabajando en coordinación con atención primaria, que muestra un impacto positivo².

Abordar las necesidades de la población inmigrante es un desafío para todos los sistemas sanitarios. Incluso en países donde el derecho a la salud es universal, la utilización de los servicios por parte de los inmigrantes es menor por obstáculos socio-culturales, administrativos, económicos o políticos. Según dos consensos realizados en España³, las medidas descritas para mejorar la salud de los inmigrantes incluyen la cobertura universal, asegurar una revisión médica inicial e incluir recursos tales como la figura de los agentes comunitarios para promover el contacto y adhesión a los programas sanitarios. Además, para mejorar la atención se recomienda implantar en los servicios guías de práctica clínica específicas (Barnett et al y McCarthy et al).